La Merced de Buenos Aires es un pequeño poblado rural, localizado a unos 20 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia. Sus pobladores, tradicionalmente dedicados a labores agrícolas y ganaderas, no superaban 1.800 personas, pero sus tierras fueron invadidas por hasta 10.000 foráneos movidos por la fiebre del oro.

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Más de un año tomó a las autoridades ecuatorianas emprender el operativo que, entre el 1 y 4 de julio, logró retomar el control de minas de oro en la montaña La Joroba, en la población La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador.

 

Esa montaña desde fines de 2017 fue tomada por mineros ilegales, migrantes del propio país y del exterior, y también por grupos armados que instalaron en el cerro una costosa infraestructura para extraer e incluso procesar allí el oro que luego trasladaban a Colombia y Perú.

 

Al inicio, el material mineralizado salía de La Merced de Buenos Aires en camiones, mulas y trailers y atravesaba varias provincias, hasta llegar a plantas procesadoras en el sur de Ecuador, en las provincias de El Oro y Azuay. Luego el mineral salía convertido en barras.

 

En la zona se instalaron plantas de luz, una centralilla de internet satelital, televisión por cable, plantas de procesamiento del mineral, motores, piscinas de oxidación, trituradoras y un sistema de al menos 250 poleas, la mayoría con cables de cobre, a través de las cuales se subía provisiones, comida, combustible, herramientas, enseres, y se bajaba el material mineralizado desde lo más alto de la montaña hacia los asentamientos ubicados a unos cuatro kilómetros, sobre todo a los denominados por los propios mineros como Mina Vieja, Mina Nueva y Olivar.

 

Como resultado de la minería ilegal, alrededor de ella también se desarrollaron un sinnúmero de delitos: lavado de dinero, trata de personas, trabajo infantil, prostitución, contrabando de combustibles, de armas y de explosivos, extorsión y ajusticiamientos.

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Según información de la Empresa Nacional Minera (Enami), en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, las condiciones geológicas permiten extraer más de 200 gramos de oro por tonelada de piedra.

 

Se registra una perdidad de 200 millones de dólares por minería ilegal.

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Peritos del Ministerio del Ambiente, desarrollaron una inspección, en la zona enfocada en determinar el daño ambiental generado por las actividades de minería ilegal en el sector La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura.

 

Los técnicos realizaron un recorrido por ocho lugares, en los cuales se encontraron bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído. Por otro lado, en las plantas de beneficio, se encontró: generadores, campamentos, combustibles, tanques y sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), molinos de bolas, cilindros amalgamadores, tanques de cianuración, entre otros.

 

Se logró identificar las afectaciones ambientales generadas por estas actividades ilícitas como: pérdida de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posible afectación a los recursos agua y suelo por el manejo antitécnico de combustibles y químicos.

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Los ecuatorianos llegaron sobre todo desde Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro; Chinapinza, en Zamora Chinchipe; Ponce Enríquez, en Azuay, y otras poblaciones con la esperanza de ganar dinero, pero en la mayor parte de casos quedaban más endeudados de lo que entraron pues las mafias que controlaban el negocio les hacían pagar, semanal o mensualmente, para trabajar en las minas, excavando o triturando la piedra; para mantenerse bajo improvisadas estructuras de palos y plásticos, obtengan o no el mineral; igual debían pagar los dueños de los pequeños negocios que se instalaron alrededor de los mineros para tener "seguridad".

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Entre el 2018 y lo que va de 2019, según la ministra del Interior, en La Merced de Buenos Aires las autoridades desmantelaron 92 organizaciones delictivas, detuvieron a 859 personas, incautaron más de 3.400 toneladas de material mineralizado y 350 vehículos, mediante 325 operativos. Los jueces locales, sin embargo, dejaron en libertad a la mayoría de los detenidos pues la prueba del delito, los camiones con material mineralizado, lograban escapar.

 

Como resultado del operativo, los militares detuvieron a 33 personas y decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.239 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea y cuatro bombas de agua, entre otros.